Se ha reconocido que la guerra en Colombia ha tenido un costo socioambiental muy alto y que ha sido el motor de la pérdida de la biodiversidad en las últimas décadas (Castaño Uribe, 2002). Departamentos con ubicaciones estratégicas y con alta oferta de servicios ambientales se han visto seriamente afectados por causa del conflicto. Córdoba es uno de ellos, y, especialmente, las subregiones Alto Sinú y San Jorge, denominadas como “el sur de Córdoba”, han sufrido el embate de la guerra durante las últimas décadas, desconociendo la magnitud de las afectaciones sobre sus bienes y servicios ambientales. Sin embargo, ¿por qué es importante poner en contexto esta zona del país? El sur de Córdoba posee, para mencionar, las formaciones de bosque húmedo tropical más conservadas al sur del Caribe colombiano; dichas coberturas vegetales están inmersas bajo una categoría de conservación nacional, llamada Parque Nacional Natural Paramillo, el cual se distingue por su gran biodiversidad en flora y fauna^[1] (PNNPAR, 2016), además de contar con comunidades campesinas e indígenas de la etnia embera katío. No obstante, esa gran riqueza biodiversitaria y sociocultural pasó a segundo plano, pues la cruenta guerra fue la protagonista, ya que por su alto costo causó detrimento, letargo y olvido sobre ese gran potencial de estas áreas. Así, como en el departamento de Córdoba muchas zonas del territorio nacional padecen de ese mal llamado violencia, la cual ha sido la constante que ha imprimido y determinado el uso y las acciones de manejo sobre los recursos naturales asociados a zonas estratégicas de conservación para el territorio nacional.

El sur de Córdoba ejemplifica lo que la violencia ha causado en muchas zonas del territorio nacional, en donde la guerra en sus múltiples expresiones y ocasiones ha causado flujos de poblaciones hacia y desde el territorio. Cada entrada y salida ha presentado dinámicas propias que han generado impactos negativos, como la tala del bosque nativo para el establecimiento de potreros, la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal en sectores muy particulares y el uso inadecuado y poco sostenible de especies de flora y fauna silvestre (Morales Pérez, 2014).

La violencia ha sido un factor determinante en la conservación de los recursos naturales de Colombia. En este documento se hacen algunos comentarios sobre cómo la guerra ha causado cambios en el territorio y en las comunidades rurales (campesinas e indígenas) que han repercutido en la transformación de los ecosistemas naturales en áreas de interés estratégico para la conservación, como lo son los parques nacionales naturales, y en muchas ocasiones en los terrenos baldíos de la nación, por lo que debemos considerar el concepto de paz duradera como una herramienta para la conservación de la biodiversidad a diferentes escalas.

Las comunidades humanas son las que determinan el territorio^[2] y el concepto mismo trasciende más allá de esa zona geográfica donde los seres vivos interactúan con el medio físico, por lo que hay que reconocer que existe una fuerte relación entre ambiente y sociedad (García González, 2015), en la que la naturaleza ha sido usada, apropiada y explotada, impactándola de manera negativa en las condiciones de los recursos naturales (Castillo Sarmiento et al., 2017). El ser humano al estar inmerso en la naturaleza se mueve a través de ella presionándola e imprimiéndole dinámicas como los flujos de población, que se presentan por diferentes causas, entre ellas los eventos de colonización que buscan explorar nuevas zonas o también los flujos de población que se dan por los desplazamientos forzados que genera la violencia de diferente orden y que seguramente impactan el medioambiente^[3].

Reconociendo que Colombia es un país que ha estado en guerra desde su conformación, es de esperarse que existan complejas dinámicas sociales por causa del conflicto, del cual Gómez Builes et al. (2008) proponen tres elementos propios que la caracterizan. El primero y a manera textual es que “a diferencia de otros países en Colombia el desplazamiento es un eje de pervivencia histórica que atraviesa la vida nacional desde la fundación de la república hasta el presente y que expone a lo largo del tiempo coyunturas agudas y períodos de relativa estabilidad poblacional. Como segundo, hay una multipolaridad del conflicto y de dinámicas bélicas, ya que existen varios grupos armados, lo que ha incidido en un desplazamiento interno en su naturaleza, perfiles, especificidades, ritmos y tiempos. Y, como tercero, ha existido una heterogeneidad y ausencia de identidades preexistentes entre los desplazados: formando un contingente heterogéneo, polivalente, con diferencias muy marcadas y muy pocas cosas en común, salvo su condición de víctimas de un conflicto armado de características muy particulares” (p. 1653).

Según las características del conflicto y considerando que el territorio nacional ha estado sumergido en la violencia, esto ha conllevado que se den flujos de población no solo hacia las ciudades, sino también hacia otras zonas rurales y de manera inversa. Sin embargo, de forma específica la entrada y salida de las zonas que tienen alto interés de conservación, como terrenos baldíos de la nación y los parques nacionales naturales, indiscutiblemente han generado pérdida de la biodiversidad en magnitudes que son desconocidas^[4]. Dicha pérdida ha estado asociada a los flujos migratorios hacia el interior de las áreas protegidas, que incuestionablemente producen cambios en la cobertura de la tierra, entre los que están la destrucción del bosque nativo para la siembra de cultivos de pancoger y en muchos casos para la siembra de cultivos ilícitos, los cuales traen consigo otras problemáticas asociadas, como la contaminación ambiental por precursores químicos empleados para su manejo (Racero-Casarrubia et al., 2021)^[5]. Además de los cultivos ilícitos también se suman actividades como la minería ilegal o extracción ilícita de minerales, la cual es un monstruo y una actividad criminal que destruye literalmente cientos de hectáreas/año de ecosistemas altamente sensibles y estratégicos (DNP, 2015). No obstante, es relevante agregar que se ha identificado que la coca genera las primeras actividades de cambio para que posteriormente lleguen otras actividades productivas, incluso de mayor impacto (González Arenas et al., 2018).

Por lo antes expuesto, las comunidades rurales, llámese campesinas o indígenas, son las que han sufrido en la ruralidad directamente los embates de la guerra y, en muchos casos, les ha tocado originar acciones impuestas que han transformado las áreas donde viven y desarrollan sus actividades tradicionales. Se reconoce que con frecuencia la violencia los ha obligado a cambiar sus actividades productivas y su modo de vida para poder sobrevivir en medio de los grupos irregulares que los presionan hacia el establecimiento de dichas prácticas. Dependiendo del grupo humano (campesino o indígena) así será el nivel de resistencia que tengan hacia el no adoptar prácticas, como es el caso de muchas comunidades indígenas colombianas que se resisten al establecimiento de cultivos ilícitos^[6]. Planteo entonces en este documento que las actividades ilícitas derivan de los escenarios de violencia de distinto tipo y que históricamente han reconfigurado el territorio de una forma negativa; por esto, es necesario identificar cuáles son esas determinantes socioambientales que han puesto en riesgo la conservación de la biodiversidad a diferentes escalas en el territorio nacional. Si bien se deja explícito que la violencia trae consigo brechas o vacíos de autoridad que no permiten la adecuada gestión del territorio en áreas estratégicas para la conservación, es importante reconocer cómo históricamente el uso y apropiación de los recursos naturales puede estar reconfigurando el territorio, además de valorar los posibles impactos que esto ha generado sobre la biodiversidad a diferentes escalas amparados en la violencia.

Se espera que los escenarios actuales en los que se plantea una paz total permitan realizar trabajos en terreno que apunten a reconocer verdaderamente cuál fue la magnitud de las afectaciones que ocasionó el conflicto no solo sobre el tejido social, sino también sobre las áreas naturales de Colombia y en los bienes y servicios ambientales que estas ofrecen. Se espera que los nuevos contextos abran ventanas de trabajo que permitan a la comunidad científica ingresar a los territorios vedados por décadas y poder así llevar a cabo investigaciones socioambientales de manera directa y en terreno, ya que quedan muchas zonas por explorar en el territorio nacional y a las cuales, se reitera, no se ha podido tener acceso por el conflicto armado.

Para finalizar, la Comisión de la Verdad mostró cómo el conflicto y los actores armados sin excepción “usaron la naturaleza sin reparar en la fragilidad de los ecosistemas”, y expuso todos esos efectos que causó la guerra sobre los recursos naturales del país (Paz Cardona, 2022). Afectaciones de diversa índole que aún no han sido evaluadas en su totalidad y magnitud, y es por esto que se debe invertir en la paz como la principal herramienta de gestión y conservación de nuestros recursos naturales; es necesario que nos reconciliemos con la naturaleza y que la miremos como el principal activo económico con que cuenta la nación, por lo que es absurdo que sigamos actuando en detrimento suyo. Por último, no basta solo con la paz total y el cese de las hostilidades, es igualmente importante replantear el modelo económico basado en el extractivismo y pensar más bien en adoptar modelos que le apunten a la venta de servicios ambientales, la cual también es una forma de obtener recursos para el desarrollo comunitario y la conservación de la biodiversidad (Wunder et al., 2007). Por lo anterior el fin de la guerra no debe verse solo como el cese de los combates entre los diferentes actores del conflicto y las acciones armadas, sino debe ser la oportunidad para el reencuentro de los colombianos con la naturaleza en un país megadiverso, poco explorado, subvalorado y referenciado por la comunidad internacional por la guerra.

Referencias

Bosque, J. y Ortega, F. (1995). Comentario de textos geográficos: historia y crítica del pensamiento geográfico. Ediciones Oikos-Tau.

Castaño Uribe, C. (2002). Bosques, conflicto, guerra y paz en relación con las vías en Colombia. Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol); Foro Nacional Ambiental.

Castillo Sarmiento, A. Y., Suárez Gélvez, J. H. y Mosquera Téllez, J. (2017). Naturaleza y sociedad: relaciones y tendencias desde un enfoque eurocéntrico. Luna Azul, (44), 348-371. https://doi.org/10.17151/luaz.2017.44.21

DNP (Departamento Nacional de Planeación). (2015, 6 de septiembre). Minería ilegal es contraria al crecimiento verde. https://www.dnp.gov.co/Paginas/Miner%C3%ADa-ilegal-es-contraria-al-crecimiento-verde.aspx

García González, J. A. (2015). El determinismo ambiental en dos autores clásicos: Hipócrates y Heródoto. Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, (27), 307-329. https://doi.org/10.24310/BAETICA.2005.v0i27.322

Gómez Builes, G. M., Astaiza Arias, G. M. y de Souza Minayo, M. C. (2008). Las migraciones forzadas por la violencia: el caso de Colombia. Ciência & Saúde Coletiva, 13(5), 1649-1660. https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000500028

González Arenas, J. J., Cubillos Buitrago, A. C., Chadid Hernández, M. A., Cubillos González, A., Arias Patiño, M., Zúñiga Avirama, E., Joubert, F., Pérez Vizcaíno, I. R. y Berrío Meneses, V. (2018). Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Programa ONU-REDD Colombia.

Instituto Humboldt (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt). (2021, 30 de junio). Grave deterioro de la biodiversidad nacional pone en riesgo la vida en Colombia. http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1658-grave-deterioro-de-la-biodiversidad-nacional-pone-en-riesgo-la-vida-en-colombia

Morales Pérez, I. (2014). Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia. Trans-pasando Fronteras, (6), 37-54. https://doi.org/10.18046/retf.i6.1881

Pardo, K. T. (2019, 7 de marzo). El 24 % de la deforestación en Colombia, asociada a cultivos de coca. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/el-24-de-la-deforestacion-en-colombia-esta-asociada-a-cultivos-de-coca-335172

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (s. f.). Parque Nacional Natural Paramillo. https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-paramillo/

Paz Cardona, A. J. (2022, 9 de agosto). La Comisión de la Verdad detalla los impactos ambientales del conflicto armado en Colombia. Mongabay. https://es.mongabay.com/2022/08/comision-de-la-verdad-detalla-los-impactos-ambientales-del-conflicto-armado-en-colombia/

Perafán, C. C. (1999). Impacto de cultivos ilícitos en pueblos indígenas: el caso de Colombia. Informe de buenas prácticas.

PNNP (Parque Nacional Natural Paramillo). (2016). Plan de Manejo 2016-2020: Parque Nacional Natural Paramillo. Dirección Territorial Caribe (DTCA); Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Racero-Casarrubia, J. A., Ballesteros Correa, J., Marrugo-Negrete, J. y Pinedo-Hernández, J. J. (2021). Plaguicidas organoclorados en murciélagos (Chiroptera) asociados al bosque húmedo tropical en Córdoba, Colombia. Caldasia, 43(2), 320-330. https://doi.org/10.15446/caldasia.v43n2.84862

Wunder, S., Wertz-Kanounnikoff., S. y Moreno-Sánchez, R. (2008). Pago por servicios ambientales: una nueva forma de conservar la biodiversidad. Gaceta Ecológica, (núm. especial 84-87), 39-52.

^[1] El Parque Nacional Paramillo es el décimo parque natural en extensión a nivel nacional, el cual protege ecosistemas de selva húmeda tropical, planos inundables, bosques andinos y subandinos, humedales y páramos (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s. f.).

^[2] El territorio tienes diferentes formas de pensarlo y analizarlo; en las últimas décadas ha sido objeto de diversos análisis y disciplinas, como las ciencias sociales y la geografía (Bosque y Ortega, 1995).

^[3] Según Gómez Builes et al. (2008), las migraciones han sido uno de los motores de la historia de las sociedades y la violencia uno de sus factores, la cual por su parte genera afectación en la calidad de vida y en todo lo que ello conlleva.

^[4] De acuerdo con el Instituto Humboldt (2021), el cual se ocupa de la investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones en Colombia, la deforestación es el principal motor de la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en el territorio nacional.

^[5] La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia manifiesta que el proceso de elaboración de la cocaína produce vertimientos del orden de 3,5 toneladas por hectárea/año (Pardo, 2019).

^[6] Según Perafán (1999), a diferencia de las comunidades indígenas peruanas y bolivianas, en Colombia, los cultivos ilícitos no son una ampliación de prácticas indígenas ancestrales de comercio de hoja de coca, por lo que se considera un fenómeno de afectación, ya que generalmente sus territorios son invadidos por colonos cocaleros.